Bolonia en Marcha: precarización, mercantilización y privatización en la Universidad Pública: parte III

El avance de las reformas boloñesas está acelerando el proceso de mercantilización que ya sufría la Universidad Pública. Así, se comienza a imponer la gestión de la Universidad Pública desde una óptica mercantil por la que se intenta reducir los gastos a toda costa, lo que tiene una relación directa con la precarización expuesta en la entrega anterior. El enfoque mercantilista de la gestión universitaria se refleja, por ejemplo, en el vocabulario de los equipos rectorales que empiezan a hablar en reuniones docentes en términos tales como “equilibrio presupuestario”.

“El proceso de mercantilización de la vida es aquel por el cual se van introduciendo dentro del marco del mercado actividades y recursos útiles para la vida que previamente no estaban en ese marco”¹.

“La universidad pública siempre ha tenido una doble naturaleza. Por un lado, ha sido templo del conocimiento (lugar donde se produce y se trasmite el sentido y el significado social: la razón y la crítica), pero, por otro lado, también ha sido fábrica (lugar donde se habilitan las técnicas de reproducción social: la utilidad). Si Bolonia supone el abandono del templo a favor de la fábrica, ¿quién producirá y trasmitirá el sentido sino el mercado capitalista y sus instituciones?”².

Nuestro No razonado a Bolonia- Manifiesto de un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Jaén.

Uno de los procesos más significativos de las mercantilización de la Educación Superior es que las universidades compitan entre ellas, como si fueran empresas, por los escasos recursos públicos disponibles en el ‘mercado de fondos educativos’. Esta competencia está teniendo como resultado que la precarización de la Educación Superior se deje sentir más en las universidades con menos capacidad de maniobra, normalmente las más pequeñas, que con el tiempo quedarán relegadas a un segundo o tercer plano. En esta línea está ya el Programa de Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación que favorecerá principalmente a aquellas universidades mejor preparadas en la actualidad dejando en segunda línea a las demás³. Entre los parámetros que se utilizan para evaluar a las “universidades de excelencia” están las inversiones de capital privado y asociaciones con empresas⁴. “Esto significa que el empresario no solo decide dónde invertir, sino que también influye sobre dónde va a invertir el Estado”⁵. Este proceso jerarquizador de las universidades, con el tiempo, nos llevará a contar con un sistema universitario totalmente estratificado similar al de Estados Unidos, donde los estudiantes con menor poder adquisitivo acuden a los Community Colleges, cuyas titulaciones abren muy pocas puertas, y los de mayor poder adquisitivo y los mejores expedientes estudian en universidades de primer nivel que, cuando son públicas, también se ven fuertemente afectadas por recortes presupuestarios⁶.

Y para dejar claro dónde está cada universidad de cara a las empresas y la opinión pública se realizan ya varios “índices de calidad” que ordenan a las universidades según su capacidad competitiva en el ‘mercado de la Educación’⁷. Estos índices realizan una medición de la excelencia académica por medio de criterios mercantiles y justifican un trato diferenciado en inversión pública, reconocimiento de títulos, concesión de plazas docentes y medios tecnológicos que implica un aumento progresivo de las desigualdades territoriales y sociales.

A esta pregunta por parte de un periodista, “Hay 19 títulos ofertados en Madrid sólo de publicidad. ¿Bolonia pretende eso?”, el Ministro de Educación Gabilondo contestaba, “Se trata de que las universidades compitan entre ellas. El paso del tiempo determinará dónde están todos esos títulos”⁸. ¡Qué manera más racional y eficaz de gestionar la educación! ¡Mediante el mercado de la competencia! Ahora más que nunca podemos ver a qué tipo de respuestas críticas nos conduce esa dinámica competitiva y especuladora en otros sectores. ¡La educación, señor Ministro, no es una mercancía!

“La supeditación de la ciencia a la técnica, amén de ser algo muy poco útil, implica un olvido de valores cognitivos tales como la curiosidad, la tendencia a construir a base de hipótesis, la atracción por las conjeturas, el interés por lo abstracto, la capacidad de universalizar y generalizar, la necesidad de formalizar y sistematizar, la facultad asociativa y holística, la percepción sistémica, etc. El derrumbe de todos estos valores cognitivos supondrá inevitablemente la desaparición del “espíritu crítico”, condición sine qua non de toda racionalidad científica y de toda democracia política. El nuevo canon pedagógico pasará de estimular a alumnos curiosos a producir alumnos aplicados y competentes; de formar científicos y ciudadanos a fabricar clientes y egresados”⁹.

Nuestro No razonado a Bolonia- Manifiesto de un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Jaén.

Al mismo tiempo que van apareciendo nuevas universidades privadas y van creciendo las que ya existían, los gobiernos autonómicos y los rectorados, amparados por la LOU, empiezan a eliminar estudios en las universidades públicas basados exclusivamente en argumentos mercantilistas: se matriculan pocos alumnos y, por lo tanto, la carrera no es rentable. Sin embargo, incluso estos argumentos mercantilistas se aplican deficientemente pues no se tienen en cuenta los ingresos derivados de los proyectos de investigación. Por ejemplo, el Rectorado de la Universidade de Ourense plantea ya el cierre de la Facultad de Física porque solo ingresan 25 nuevos alumnos cada curso¹⁰. Obviamente, el cierre de pequeñas facultades en capitales de provincia modestas tiene un efecto directo en el tejido productivo local afectando principalmente a pequeñas y medianos empresas que pierden capacidad competitiva frente a las grandes sociedades localizadas en los grandes núcleos urbanos, cada vez más asociadas con las “universidades de excelencia”. Así, se contribuye a un modelo de desarrollo cada vez más concentrado y desequilibrado.

Multitud de actividades y de conocimientos, cuya utilidad no pasa necesariamente por la intensificación de la tasa de beneficio del capital económico privado, empiezan a quedar fuera de los intereses sociales que se equiparan con los de las empresas privadas. Éste es el caso de gran parte de las ciencias sociales y de las ciencias de utilidad diferida, ya que, al no estar vinculados a ninguna valorización intensiva de capital privado, aparecen como inútiles socialmente por no ser generadores de riqueza económica inmediata.

La adecuación de la oferta de estudios universitarios a las demandas del mercado laboral es una absoluta irresponsabilidad. Los mercados laborales, especialmente el español, están sujetos a una inestabilidad extrema que no se rige por criterios de eficiencia o bienestar social, tal y cómo se ha visto tras la explosión de la burbuja especulativa inmobiliaria. ¿Tenemos que adaptar la Universidad a esa sinrazón?

Muy probablemente, muchos más estudios habrían desaparecido y más centros se hubieran cerrado a día de hoy si los rumores de clausura no hubieran despertado movilizaciones. Además, es probable que desaparezcan más estudios en el futuro si nadie lo impide, tendiendo a quedar aquellos que sean rentables empresarialmente, como expone Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid¹¹. En Andalucía, el Director General de Universidades manifestó en Julio de 2009 que había carreras no “sostenibles” en las que se matriculaban unos diez estudiantes nuevos por curso y que debían desaparecer o unirse a otras ya existentes. Este enfoque desprecia el papel de la Universidad como generadora de conocimiento a través de la investigación, un papel clave además del de la docencia.

“La distinción entre grados (título básico y no habilitante), de acceso más universal, y el máster (titulación habilitante), de un coste económico elevado y mucho más selectivo, va a suponer un filtro social de exclusión de las clases populares en la enseñanza superior. En un contexto como el español, en el que el acceso a los estudios universitarios depende aún en gran medida de la clase social de procedencia, parece evidente que prolongar el número de años para obtener una titulación universitaria habilitante y multiplicar el coste de la misma sólo puede perjudicar a la equidad del sistema”¹².

Nuestro No razonado a Bolonia- Manifiesto de un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Jaén.

Por otro lado, comienza a ser el mercado (oferta/demanda) el que establece los precios de las matrículas universitarias. La mercantilización universitaria está conllevando que los precios de las matrículas de maestrías y otros cursos de formación permanente se establezcan en función de la demanda, lo que conlleva que muchos cursos con poca demanda o escasa oferta tengan matrículas muy elevadas que limitan el acceso a muchos estudiantes. Este proceso probablemente se acentúe aún más en el futuro.

Aunque ahora se habla mucho de “eficiencia” y “calidad” en la Universidad, en la mayoría de las ocasiones estas palabras se quedan en eso, en palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, a la hora de formar a los profesores de Secundaria con el nuevo máster, según explicaba la Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada, Lola Ferre: «Lo mejor hubiera sido que los candidatos se examinaran de lo que ellos saben y después se les formara en el máster para ser profesores», siguiendo el modelo del MIR en los hospitales. Es decir, primero harían la oposición y los que superaran el curso de postgrado tendrían garantizado el acceso. En este contexto, esta misma vicerrectora habla de «despilfarro»: «Teniendo en cuenta las plazas de profesor que han salido en los últimos años, sólo entre el 20% o el 30% de los que hagan este curso van a ganar una plaza en una oposición». Esto quiere decir que el 70% hará un postgrado para acceder a una profesión que nunca ejercerá, al menos en el sistema público¹³. Vemos con este ejemplo, una vez más, que lo que prima en la ‘Universidad Boloñesa’ es un afán recaudador por delante de las cacareadas “eficiencia” y “calidad”.

“Pero las consecuencias de Bolonia ya están aquí. Una de ellas, consiste en la brillante idea de concebir al alumno -y posible estudiante- como cliente. Si el alumno es nuestro cliente, el cliente siempre tiene la razón y en vez de en un aula estamos en la sección de precocinados de El Corte Inglés”.

¿Universitario cliente?¹⁴ – Rafael Rodríguez Prieto
Profesor Asociado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

La mercantilización de la Universidad Pública se refleja claramente, como no podía ser de otra forma, en el vocabulario utilizado por sus impulsores. Se han introducido en la Universidad Pública subrepticiamente valores neoliberales, intentando crear una especie de cultura publicista universitaria mediante un cambio de vocabulario. Observamos la entrada de términos como productividad, competitividad, mercado, recursos, contratos-programa, créditos, financiación, etc. Estas palabras llenas de contenido han ido preparando el camino para que la citada orientación ideológica gobierne la investigación y la docencia. Los rectores han adoptado un lenguaje más propio de un consejo de administración que de una universidad pública lo que es, sin duda, un buen ejemplo de las consecuencias derivadas del delirio mercantil que Bolonia pretende generalizar en la universidad¹⁵.

Por ejemplo, Revilla Saavedra, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, destacó que, “lejos de que me tomen por mercantilista, en el proceso hay que considerar al alumno como a un cliente […] puesto que así reforzarán sus servicios para atraer al mayor número de estudiantes posible, que serán, quienes al final decidan dónde quieren estudiar en relación con la calidad de la oferta» (y el precio de las matrículas también decidirán dónde estudian, ¿no?, añado)¹⁶.

Paralelamente a la intoxicación semántica, se han ido filtrando ideas como la “supremacía de lo privado sobre lo público”, la necesidad de rebajar los costes sociales o la mayor racionalidad y eficacia de la empresa privada, provocando así la confusión entre los intereses sociales y los beneficios del capital. En los discursos dominantes de los agentes sociales, de los responsables políticos y de los medios de comunicación se comenzó a identificar el “interés social” con “el interés de las empresas” y éste con “los beneficios del capital”. Ahora bien, este discurso venía envuelto en la retórica de la creación de riqueza y de generación de empleo, apoyada por los representantes de los sindicatos mayoritarios y burocratizados en los consejos sociales¹⁷.

El ‘universitario’ Banco Santander deja entrever claramente este pensamiento que equipara sociedad con empresas en su plataforma Universia: “En las ponencias participarán empresas como Iberdrola, Repsol, Jonson & Jonson – Janssen Cilag, Fundación Vodafone, Indra, Grupo Zeltia y el Grupo Trébede. Compartirán mesa de debate representantes de departamentos universitarios que mantienen abiertas líneas de investigación con clara proyección social. En la Jornada se hará balance de la colaboración, cada vez más intensa, entre las universidades públicas y el tejido empresarial y productivo de nuestro país”¹⁸. Tener líneas de investigación con grandes multinacionales es lo que se conoce como “clara proyección social”.

Por Jesús Castillo, profesor de la Universidad de Sevilla, miembro de la Plataforma por una Universidad Pública, Democrática y de Calidad, STOP BOLONIA, del grupo anticapitalista En lucha y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la Universidad de Sevilla (SAT-US).

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